El concepto de gobernanza interrumpió hace varias décadas para designar a aquellos gobiernos que toman decisiones teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias de la ciudadanía. Numerosas administraciones han adoptado esta nueva forma de gobernar con el objetivo de legitimar y construir socialmente las políticas que se desarrollan, donde la participación ciudadana tiene un valor clave.
La ciudadanía se constituye como un colectivo complejo y heterogéneo que reclama mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los poderes públicos, y que se enfrenta a nuevos retos sociales, políticos y económicos que requieren de una escucha pública, que tenga en cuenta su diversidad.
La participación ciudadana es una herramienta de gran interés para mejorar la gestión de instituciones públicas y privadas. Aporta nuevos enfoques en la redacción de normativa o la planificación, permitiendo el contraste de opiniones con personas o colectivos que suelen estar normalmente alejados de estos procesos. Estos mecanismos de participación hacen que se pueda escuchar a la ciudadanía de forma organizada, ofreciendo garantía de respuesta.
Los ayuntamientos tienen un papel relevante en el éxito de los procesos de participación ciudadana debido a su proximidad con la ciudadanía, al conocimiento del entorno y de los agentes, y a su cercanía con los problemas territoriales. Así los califica explícitamente la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 1 como “cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos”. La participación ciudadana en Canarias de articula mediante la Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana, la cual establece los derechos e instrumentos para desarrollar procesos participativos dentro de la comunidad autónoma.
En numerosos ayuntamientos se han aprobado los Reglamentos de Participación Ciudadana, los cuales tiene una fuerte relación con la previa creación de la Concejalía de Participación Ciudadana, como instrumentos organizativos para facilitar, estructurar y coordinar la participación ciudadana. Los ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios tienen ciertas competencias que le vienen delimitadas por ley, por lo que muchas de las políticas que afectan a la ciudadanía no son del ámbito competencial del ayuntamiento. Por lo tanto, la tarea de impulsar la participación ciudadana afecta a todos los poderes públicos (de diferentes niveles) que intervienen en el territorio.
Los procesos participativos ligados a contextos locales logran una mayor participación de la ciudadanía. Si es cierto que en muchos casos la representación ciudadana y la consulta desde la corporación local se ha realizado y se realiza por medio de las asociaciones. Estas generalmente representen a un amplio conjunto de ciudadanos, pero no a la totalidad de voces y discursos. Este desajuste requiere del desarrollo de mecanismos y medidas de promoción que incentiven la intervención ciudadana en los procesos participativos, garantizando el equilibrio entre los diferentes núcleos poblacionales del municipio.
Son muchos los argumentos a favor de la participación ciudadana desde el ámbito local, los cuales revierten a todas las partes interesas: ciudadanía y entidades públicas. La entidad local se acerca a la ciudadanía generando confianza hacia los empleados públicos y sobre las proyectos y políticas de desarrollan. El diálogo con la ciudadanía permite incorporar nuevos temas y problemas a la agenda política, y aumenta la eficacia de la acción pública. La participación de los ciudadanos en las diferentes fases de la toma de decisiones, permite corregir errores en cualquier momento del proceso.
Mediante los mecanismos de participación se permite un acercamiento de la ciudadanía a los asuntos públicos, incrementándose la información política que tienen los ciudadanos. La transparencia pública y la rendición de cuentas genera una nueva forma de relación entre la ciudanía y gobierno, que mejora la democracia representativa y aumenta la confianza en la función pública. Los procesos participados resultan ser más eficaces y eficientes a corto, medio y largo plazo. Una población que de manera habitual accede a procesos de participación, desarrolla un discurso crítico que genera valor al territorio. La generación de redes ciudadanas impulsa los procesos de consulta y facilita el desarrollo de proyectos futuros.
Los medios para la participación ciudadana han ido evolucionando, desarrollándose principalmente por medio de plataformas online con la ayuda de diferentes instrumentos (propuestas ciudadanas, votaciones o debates) enfocados a las particularidades de cada proceso. El objetivo es facilitar la participación y llegar a un mayor número de personas, que en cualquier momento (a través de su ordenador o móvil) puedan comunicarse con su ayuntamiento o su comunidad autónoma.
Numerosos ayuntamientos han acogido esta nueva forma de participación, pero su gestión (diseño y planificación, ejecución, seguimiento y evaluación) requiere de una elevada contribución (temporal y de recursos humanos), que dificulta la correcta ejecución del proceso.
Innovaris consciente de esta necesidad ha desarrollado una herramienta de participación ciudadana llamada InnConsul, con la que diseñar y ejecutar procesos de consulta ciudadana y ofrecer asistencia técnica durante todo el proceso.
El equipo profesional de Innovaris posee amplia experiencia en el diseño, ejecución y análisis de los procesos participativos, desarrollando numerosos procesos en el ámbito local dando así un valor añadido en todos los proyectos que ejecuta.
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